En el sector de cooperativas de crédito hemos conseguido afrontar las consecuencias de la reciente crisis financiera con nuestros propios recursos y sin necesidad de recibir ayudas públicas, gracias a nuestro modelo de negocio sencillo y prudente, y a nuestro enfoque de medio y largo plazo. Sin embargo, una vez superado este escenario, lo cierto es que persisten situaciones difíciles que afectan al conjunto del sector financiero español, como ha reconocido el Banco de España en su reciente Informe de Estabilidad Financiera.
El ministro portavoz, Íñigo Méndez de Vigo, y el de Economía, Luis de Guindos, explican en rueda de prensa los detalles de la reforma tras el Consejo de Ministros del 23 de junio. Fuente: El Periódico
A la hora de enfrentarse a estos y otros retos, algunas cooperativas de crédito pueden tener más dificultades que otras entidades, dado su pequeño tamaño y las características del modelo cooperativo que introduce restricciones a determinadas operaciones. De hecho, experiencias recientes han puesto de manifiesto la necesidad de potenciar los instrumentos que permitan abordar situaciones de dificultad y responder con agilidad y medidas eficaces.
De ahí que el Ministerio de Economía haya procedido a modificar y actualizar la normativa vigente que regula la actividad de las cooperativas de crédito, último eslabón que quedaba pendiente para completar la reforma del sistema financiero llevada a cabo en los últimos años. Lo que ha dado lugar a que el Consejo de Ministros apruebe el reciente Real Decreto-ley 11/2017, de 23 de junio, de medidas urgentes en materia financiera.
Este real decreto-ley contempla que las cooperativas de crédito puedan adoptar políticas y estrategias para mejorar su resistencia a los riesgos que puedan surgir en el ejercicio de su actividad, así como facilitar el cumplimiento de los requisitos establecidos por la nueva regulación financiera y adecuarla a los estándares internacionales y europeos. Entre ellas, incorpora expresamente al régimen jurídico de las cooperativas de crédito la posibilidad de que puedan integrarse en los sistemas institucionales de protección previstos en la normativa europea, adoptando las medidas destinadas a facilitar su constitución y potenciar su eficaz funcionamiento.
El SIP reforzado del Grupo Cooperativo Cajamar
Hay que tener presente que no todas las cooperativas de crédito se encuentran en la misma situación, y por tanto el real decreto-ley no afecta a todas de la misma manera. Cabe recordar que, de las 62 existentes en España, 25 ya están integradas en los dos sistemas institucionales de protección existentes actualmente en nuestro país (Grupo Cooperativo Cajamar y Grupo Solventia). Y serán las 37 restantes, por tanto, las que deberán tomar decisiones sobre mantener su modelo individual de actuación o concentrarse e integrarse en un sistema institucional de protección.
El Grupo Cooperativo Cajamar supo anticiparse y adaptarse a lo que antes o después se preveía que habría de llegar, y ya en el año 2009 nuestro sistema institucional de protección fue el primero en ser aprobado en nuestro país por el Banco de España, estando hoy integrado por 19 cajas rurales y el Banco de Crédito Social Cooperativo, dando servicio a 1,4 millones de socios y cerca de 4 millones de clientes en 42 provincias españolas.
Así, desde que se desencadenara la crisis económica y financiera, un total de 26 cooperativas de crédito que tienen su origen asociativo en Andalucía, Murcia, Madrid, Castilla y León, Comunitat Valenciana, Baleares y Canarias nos hemos unido en torno a un proyecto propio de crecimiento y desarrollo de la banca cooperativa española. De ellas 8 se han fusionado directamente con Cajamar y 18 se han integrado en el Grupo Cooperativo Cajamar y su asociado sistema institucional de protección, a través del cual ponemos en común nuestra actividad y mutualizamos plenamente nuestros resultados.
Este modelo reforzado nos permite mantener nuestra identidad y arraigo territorial en los respectivos territorios de origen y zonas de actuación, al tiempo que, gracias a la política común de negocio y riesgos, tenemos garantizada la solvencia y liquidez que necesita cada entidad para el funcionamiento de su actividad.
Es por ello que las medidas contempladas en el real decreto-ley aprobado el pasado 23 de junio no afectan a nuestro Grupo, que constituye un sistema institucional de protección pleno o reforzado, sino a las demás cajas rurales de nuestro país que hasta ahora han venido funcionando individualmente.
Objetivos de la reforma
La adopción de este real-decreto ley responde por tanto a los principios de buena regulación, atendiendo al tamaño, tipo de empresa, modelo de financiación y perfil de riesgo de las cooperativas de crédito. Se trata de la regulación mínima imprescindible para promover que dispongan de mecanismos de cooperación formal y con compromisos firmes que permitan abordar las dificultades de sus miembros.
Desde el punto de vista de los principios de necesidad y eficacia, se persigue permitir que las cooperativas de crédito adopten políticas y estrategias para mejorar su resistencia a los riesgos que pueden surgir en el ejercicio de su actividad, así como facilitar el cumplimiento de los requisitos establecidos por la nueva regulación financiera que se está implantando en el contexto internacional y europeo.
